Actualmente sólo afectan a los 11.000 empleados de Administración General l El Gobierno avisa a los sindicatos que Sanidad y Educación tienen condiciones distintas.

 

Las nuevas medidas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral llegarán a los más de 60.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma. Después de una larga pugna entre los sindicatos de ámbito nacional y las centrales que sólo tienen representación en Canarias, todos se sentarán en la misma mesa junto al Ejecutivo regional para analizar cómo se pueden trasladar las iniciativas puestas en marcha en la Administración General a los trabajadores de Sanidad, Educación y Justicia. La Dirección General de Función Pública ya ha advertido que no será fácil porque las condiciones, los horarios, los turnos y los servicios que se prestan son diferentes y requieren de un estudio singularizado.

En la última mesa general de negociación de los empleados públicos del Gobierno saliente se acordó por unanimidad crear una comisión técnica para estudiar la elaboración de un futuro plan de conciliación lo más homogéneo posible para toda la Comunidad Autónoma. Será el nuevo Gobierno que acaba de formarse el que tendrá que supervisar los trabajos de esta comisión y posibilitar un plan que sería inédito porque hasta ahora tanto la Administración General como Sanidad y Educación han tenido medidas diferentes, a excepción de los permisos básicos que tienen todos los trabajadores, es decir, por nacimiento, matrimonio, fallecimiento de un familiar, ingreso hospitalario, mudanza, etcétera.

“La comisión técnica de estudio tiene que analizar si todas las medidas se pueden aplicar por igual o con condiciones distintas porque cada medida tiene su impacto en los servicios que se prestan. Desde el Gobierno siempre se ha defendido que no se puede implantar la conciliación de la misma forma para todos porque un docente o un sanitario tienen una jornada laboral y prestan unos servicios distintos a los empleados de la Administración General”, explican fuentes de la Dirección General de Función Pública.

Una de las principales características que definen las nuevas medidas de conciliación es la flexibilidad horaria. En este sentido no se trata de nuevos permisos, sino de adaptar la jornada laboral semanal a las necesidades familiares y personales de los empleados públicos, de tal forma que el trabajador se puede ausentar del puesto de trabajo al inicio o al final de la jornada a cambio de compensar las horas otro día, pero siempre y cuando realice las 35 horas que le corresponden durante la semana. De esta forma “se mejoran las condiciones en que el empleado público puede cumplir con su horario de trabajo y atender sus obligaciones de conciliación, es decir, se intenta adaptar la jornada laboral a las condiciones especiales que tenga el trabajador. De ninguna forma se está reduciendo el horario, sino que éste se pueda adaptar mejor a las necesidades que se demanden”, explican las fuentes consultadas.

Ampliación de supuestos

En materia de flexibilidad horaria se amplían los supuestos a los que se pueden acoger los empleados de la Administración General de la Comunidad Autónoma para obtener permisos. Un ejemplo es el cuidado de los hijos menores de edad, que era hasta los 12 años y que ahora se amplía hasta los 14 años, por lo que un trabajador puede solicitar la adaptación de su horario laboral a las atenciones y cuidados que necesite su hijo por circunstancias familiares y personales justificadas. También se han incorporado los supuestos relativos a la atención de personas mayores de 75 años que por su estado de salud requieran de cuidados especiales, así como los permisos para el cuidado de personas con discapacidad. Lo que se ha hecho en estos dos casos es mejorar el marco porque hasta ahora sólo se contemplaba la convivencia habitual y con estas modificaciones también se contempla que, aunque el mayor o el discapacitado no vivan con el trabajador, éste se haga cargo de su familiar en casos como rehabilitación, visitas a domicilio o en el caso de estar en un centro residencial y necesite atenderlo, siempre y cuando se acrediten tales circunstancias.

Este tipo de medidas de flexibilidad horaria son asumibles en el ámbito de la Administración General porque los trámites que se realicen serán los mismos, con o sin conciliación, porque se tendrán que cumplir las 35 horas de trabajo semanales. Sin embargo, encajar estas medidas en el ámbito de la docencia y de la sanidad resulta más complicado porque los horarios del personal docente y sanitario son diferentes, los servicios que se prestan tienen sus singularidades y también se trabaja por turnos: “Todos estamos de acuerdo en que deben existir medidas de conciliación para toda la Administración autonómica, pero discrepamos en los plazos y en las formas porque desde el Gobierno decimos sí a la conciliación pero no puede ser igual para todos los ámbitos y sectores porque sería irresponsable por nuestra parte, por eso hemos llegado a un acuerdo para que una comisión estudie de qué forma se puede implantar un marco general”, explican desde la Dirección General de Función Pública.

Sin embargo, tampoco en la Administración General -donde trabajan alrededor de 11.000 empleados públicos- se pueden generalizar de la misma manera los supuestos de conciliación que se están aplicando. En ámbitos como las bibliotecas públicas, parques nacionales, seguridad y emergencias, policía autonómica, escuelas infantiles o centros residenciales de servicios sociales se han establecido una serie de medidas compensatorias para la plantilla.

Junto a este tipo de iniciativas, se implementa un crédito horario anual para la conciliación, de carácter recuperable, que podrá disponerse por el personal para atender necesidades vinculadas al cuidado de menores de edad y otros familiares en circunstancias especiales. Este crédito será del 3% de la jornada anual en 2019, del 4% en 2020 y del 5% en 2021, siendo la medida más avanzada del Estado.

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