FUENTE:EL PAÍS

2018 cerró con un déficit del 2,63% del PIB y el Ejecutivo se fija un objetivo del 2% para este año.

 

El Gobierno ha lanzado definitivamente, a menos de un mes de las elecciones, una de las mayores ofertas de empleo público de la historia y la mayor en 11 años. Al final, después de reunirse con los sindicatos, el Ejecutivo estiró la cifra y la oferta para 2019 llega a los 33.793 puestos, superior a los 30.844 que había ofrecido el año pasado y que era una cifra de nivel récord. El Gobierno sigue así dando noticias de fuerte impacto desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, con el argumento insistente de que hasta el 28 de abril no está en funciones, sino en plenas facultades, y no puede parar su actividad por la convocatoria electoral. El Ejecutivo ha destacado además que no supone aumento de gasto —se trata de renovar plazas de funcionarios que se jubilan— y recuerda que, pese a las críticas que se hacen desde algunos sectores liberales, España está por debajo de la media de la UE en porcentaje de empleo público sobre el total: un 2,7% frente a una media del 3%.

Las plazas de la oferta de empleo público son 28.539, más 5.254 correspondientes a la estabilización de empleo temporal. En concreto, 20.781 plazas corresponden a la Administración General del Estado (AGE), 1.814 a las Fuerzas Armadas, 5.561 a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 383 plazas que se convocaron ya en febrero en previsión del efecto del Brexit. Del total de plazas correspondientes a la estabilización de empleo temporal, 2.528 afectan al ámbito de la AGE, 2.237 al ámbito de justicia y 489 a educación.

Ante las críticas de la oposición, que acusa al Gobierno de hacer electoralismo, la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ha justificado la necesidad de la convocatoria en este momento para proporcionar mayor seguridad jurídica a quienes estaban esperando la oferta de empleo, como cada año por marzo, y ante el riesgo de que un Ejecutivo en funciones no tenga capacidad para publicarla o que queden bloqueadas tras las elecciones porque se dilate la formación del próximo Gobierno. “Los opositores esperan certidumbre, saben que las ofertas suelen ser en marzo. Como ahora no somos un Gobierno en funciones y podíamos entrar en un escenario de mayor incertidumbre, creíamos oportuno presentar hoy la oferta de empleo”, señaló Batet.

Envejecimiento del sector público

Durante su intervención, Batet ha explicado que el envejecimiento del sector público se ha acelerado en los últimos años y que la edad media está en 52 años, 10 años más que el conjunto de la población activa. La ministra ha destacado “importantes novedades” sobre anteriores convocatorias de empleo público, algo que, en sus palabras, “permite hablar de una auténtica política de planificación”, en la que el primer empleador del país tiene en cuenta cálculos a largo plazo. La previsión es que a lo largo de la próxima década, hasta 2029, se jubile algo más del 51% de ese personal, un porcentaje que se eleva al 62,6% en el grupo de auxiliares administrativos. Este 2019 habrá un 14% del personal que cumplirá los requisitos para poder jubilarse.

Según Batet, el Gobierno ha solicitado a los ministerios una estimación plurianual a tres años y han tenido en cuenta las ofertas por grupos, ya que categorías como administrativo pueden tardar en gestionarse seis meses mientras que otras superiores llegan a los dos años. Además, han utilizado como punto de partida no la situación del año anterior, sino una metodología de base cero, que parte de las necesidades reales que hay que cubrir, entre otros factores, como la cantera de opositores. La oferta de empleo de 2019 será la primera en la que el VIH, la celiaquía, la diabetes y la psoriasis dejarán de ser motivo de exclusión para acceder a una plaza pública.

Esta oferta de empleo público forma parte, en realidad, del plan de estabilización del empleo público suscrito por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (PP), con los sindicatos de función pública en 2017. Aquel plan pretendía reducir la temporalidad en el sector al entorno del 8%, para lo que se esperaba una oferta de empleo de 250.000 plazas hasta 2021, incluidas las promociones de interinos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha informado de que España ha bajado el déficit público desde el 11,02% del PIB, registrado en 2009, al 2,63% con el que se cerró 2018. Al situarse por debajo del umbral 3% del PIB permite abandonar el procedimiento de déficit excesivo (PDE) asociado al control estricto de Bruselas y daría cierto margen a un nuevo Gobierno para tomar decisiones de política social, aunque los ingresos siguen siendo muy inferiores a los de los grandes países europeos. “Los datos de déficit muestran que España camina en buena dirección y que cada partida de gasto que aprueba este Gobierno tiene una contrapartida para financiarla”, ha resumido Montero, que ha insistido en que desde el mismo momento en el que el Congreso rechazó los Presupuestos del Ejecutivo están trabajando para situar el déficit de 2019 en el 2%.

El Gobierno también ha abordado este viernes la Estrategia frente al Reto Demográfico, anunciada por el presidente del Gobierno el pasado martes en la apertura del Foro de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Segovia. En la misma, según indicó Pedro Sánchez, el impulso al sector turístico tiene una “especial relevancia” por el “margen de mejora” que existe en el medio rural. Así, reconoció el “invierno demográfico” como una amenaza y apuntó al “turismo”, la “innovación” y la “sostenibilidad” como ejes para reducir los efectos de lo que consideró un “auténtico desafío”.

 

 

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