La salida de la crisis y la jubilación de la generación de la Transición aceleran una fase de contratación pública que expertos y altos funcionarios describen como un gran desafío

La gerente del Ayuntamiento de Madrid, Carmen Román Riechmann, lo describe como “una angustia total”. El presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda, José Luis Groba, teme que “las jubilaciones masivas van a llegar en medio del déficit brutal de funcionarios que arrastramos”. El subdirector del Instituto Valenciano de Administración Pública, Javier Cuenca, cree que vamos a vivir “una época muy parecida a los años 30, un relevo generacional que viene de golpe”.

La preocupación se extiende por prácticamente todas las instituciones españolas: el envejecimiento de las plantillas, unido a las bajas tasas de reposición durante la crisis, aboca al país a una situación complicada que se tendrá que resolver por fuerza en los próximos años. Según una estimación elaborada por CCOO para El Confidencial, una cuarta parte de los empleados públicos en los estratos estatal, autonómico y municipal se jubilarán antes de una década, dejando cerca de 700.000 puestos vacantes. Eso sin contar la consolidación pactada de los 300.000 interinos y de los 300.000 puestos perdidos durante la crisis. Plazas que, en teoría, habrá que sacar a concurso en convocatorias tan masivas como las de los primeros años de la democracia española.

A finales de 2015, el gobierno vasco presentó un plan de empleo interno con datos “preocupantes”, en boca del responsable de Recursos Humanos de la Dirección de Función Pública, Mikel Gorriti. “Vimos que de aquí al 2030, más del 70 por ciento de los ocupantes de los puestos de la Administración General del País Vasco se jubilarán. Vamos a tener que consolidar, incorporar y formar a un montón de gente en un tiempo reducido, para una estructura que, si no se rediseña, se concibió en el año 2000. El reto es importante porque estamos hablando de muchas plazas que saldrán a concurso y ofertas de empleo público para una administración que se transformará por los procesos telemáticos y las nuevas necesidades de la ciudadanía”, dice.

Nos dimos cuenta de que la mitad de nuestra plantilla se jubila dentro de 10 o 15 años y que todas las jefaturas de sección se marchan ya

La alerta adelantada por el País Vasco se ha ido extendiendo en el último año y medio por el resto de España, sobre todo en la Administración General del Estado y en las autonomías a las que se transfirieron antes las competencias básicas. “En Valencia encargamos un plan en 2016”, dice Javier Cuenca. “El diagnóstico nos asustó bastante. Nos dimos cuenta de que la mitad de nuestra plantilla se jubila dentro de 10 o 15 años y que prácticamente todas las jefaturas de sección se van a marchar de manera inminente. La salida de la crisis coincide con la jubilación de la generación del ‘baby boom’ y eso nos obliga a un reclutamiento masivo. Vamos ya contrarreloj”.

A priori, la creación de miles de plazas debería suponer un alivio en un país con un 18 por ciento de paro y donde los nacidos después de 1980 perciben el empleo público como un privilegio de sus padres. Pero en las instituciones el proceso no se vive precisamente con entusiasmo. Elisa de la Nuez, abogada del Estado y gerente de la Fundación Hay Derecho, es una de las altas funcionarias que ya empieza a imaginar su retiro.

“Que nuestra generación salga no significa que vaya a entrar una nueva”, advierte. “Habrá que ver qué tipo de Estado queremos en el futuro: uno como el actual, uno con menos empleados, uno distinto… Estamos en el momento crucial, en el que esto tendremos que afrontarlo. Hay un montón de perfiles de la Administración que ya no son necesarios, sobre todo en tareas auxiliares. Por otro lado, entre los altos funcionarios hay cuerpos que van a perder toda la experiencia de manera muy abrupta y sin reemplazos a la vista. Tambén deberíamos plantearnos si conviene reformar el proceso de oposiciones, un sistema muy objetivo y justo, que mide mucho el conocimiento y poco otras competencias”.

Un sistema del siglo XIX

Rafael Jiménez Asensio, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra y autor del blog La Mirada Institucional, subraya que la búsqueda del personal es uno de los mayores desafíos y urge a sindicatos y administraciones a trabajar para llegar a un acuerdo que beneficie a la ciudadanía. “No se puede seleccionar a personal para el siglo XXI con un sistema desarrollado en el siglo XIX. Internet ha dejado trabajos obsoletos y ha generado otras necesidades”, enfatiza. En su opinión, convocar cientos de miles de plazas en pocos años nos metería en un problema. “No van a entrar los mejores, sino los que tuvieron más suerte con su año de nacimiento. Además es injusto para las generaciones posteriores y anteriores. En los 80 entraron muchos en poco tiempo y la media bajó. Había gente que claramente no estaba preparada. Y ahora puede pasar lo mismo”.

No se puede seleccionar a personal para el siglo XXI con un sistema del siglo XIX

José Luis Groba comparte la opinión y pone como ejemplo lo ocurrido en su gremio, en la Agencia Tributaria. “En los primeros años del PSOE es cuando se decidió crear una Hacienda moderna. Llegaron a salir hasta 300 plazas de inspector y algunas ni siquiera se cubrían. Recuerdo convocatorias de 700 u 800 técnicos. Estos mismos son los que ahora se jubilan, a un ritmo de unos 700 al año. ¡En tres años perdemos 2.000 inspectores en un cuerpo de 24.000! Y las plazas hay que cubrirlas porque hemos perdido 4.000 desde que empezó la crisis y estamos realmente bajo mínimos”. Uno de los desafíos, argumenta, es transmitir todo el conocimiento. “En los escalafones más altos no hay nadie que se esté formando ahora mismo para tomar el relevo”.

El reto al que se enfrenta el país es tan evidente que el Gobierno ya no puede mirar hacia otro lado. El objetivo de corto plazo sigue siendo reducir el déficit público, pero el envejecimiento de las plantillas está en un proceso tan avanzado que apenas queda margen para adoptar decisiones estratégicas. En las últimas semanas se han producido los primeros acercamientos entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos para analizar el problema y buscar soluciones. El jueves 22 de junio se constituyó el grupo de trabajo sobre la administración digital y el lunes 26 se reunió la secretaria de Función Pública, Elena Collado, con los representantes de los trabajadores.

Habría que anticiparse antes de que estalle el problema, pero todo queda supeditado al objetivo de déficit de Bruselas

“El Gobierno comparte con nosotros la preocupación”, explica Raúl Olmos, secretario de Acción Sindical de FSC-CCOO. “Coincidimos en que habría que anticiparse antes de que estallase el problema, pero cuando queremos traducirlo en medidas concretas, todo queda supeditado al objetivo de déficit de Bruselas”. El Ministerio pretende ganar tiempo con la Oferta de Empleo Público (OEP) que pactó con los sindicatos en mayo. Este acuerdo no supone ningún incremento del capítulo 1 de gastos de personal, ya que simplemente sustituye trabajadores interinos por fijos. De esta forma se garantiza que durante los tres próximos años se convocarán plazas de funcionario, pero no servirá para atajar el problema del envejecimiento de las plantillas y tampoco para elevar el número de efectivos. Las dos partes acordaron volver a reunirse a mediados de julio para discutir en profundidad este problema y, tal vez, buscar soluciones.

Emergencia nacional

Para entender dónde estamos hay que remontarse unos años en el tiempo. Cuando estalló la crisis económica en 2008 se paralizó cualquier plan a largo plazo. El único objetivo nacional era evitar el rescate. El resto de problemas pasaron a un segundo o tercer plano. La situación de las cuentas públicas forzó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a recuperar la tasa de reposición, abandonada desde el año 2002, y establecerla en el 30%. En la práctica, esto significaba que solo se reponía uno de cada tres funcionarios que se jubilaban. En el año 2011 se bajó todavía más, hasta el 10%, y se empezó a aplicar solo a los sectores prioritarios (sanidad, educación y seguridad del Estado). En el resto simplemente se cortó por lo sano: trabajador que sale, puesto que se amortiza.

Esto agravó el ritmo de envejecimiento de las plantillas: los contratados iban sumando años y la llegada de sangre nueva se paralizó, disparando la edad media. Según datos del INE, desde 2011 se han perdido más de 300.000 empleos en el sector público. Puestos que en condiciones normales hubiesen ocupado los jóvenes. La consecuencia es que actualmente solo el 6,5% de los trabajadores públicos (incluyendo empresas públicas) tiene menos de 30 años.

MARINA VALERO

En algunos sectores de la Administración la destrucción de empleo ha sido tan intensa que ha terminado provocando colapsos, listas de espera, mala calidad en el servicio… Se da por hecho que algunos de estos puestos no regresarán nunca, en especial aquellos relacionados con cuestiones administrativas y auxiliares que pueden digitalizarse. Pero para crear un Estado moderno deberán surgir nuevos perfiles con los que, en teoría, se debería poder equilibrar la tasa de reposición. “Hemos perdido mucho trabajo de bajo valor añadido, pero está surgiendo una necesidad de empleo cualificado a la que hay que responder”, explica Olmos. Con este objetivo se creó hace dos semanas el grupo para discutir la transformación digital de la Administración y la gestión de recursos humanos más apropiada.

Entre finales de marzo y principios de abril de este año, el gobierno y los sindicatos firmaron un acuerdo por la estabilidad del empleo público con el objetivo de reducir la temporalidad al 8 por ciento y recuparar la tasa de reposición del 100%, al menos en los servicios básicos como educación, sanidad o justicia. Y aunque algunas instituciones asumen que no volverán a los viejos tiempos, otras aspiran incluso a más, como el propio Ayuntamiento de Madrid. “La ciudad no para de crecer y nosotros no podemos contentarnos con mantener la tasa del 100%. Necesitamos ampliar. Si abrimos una biblioteca en un barrio nuevo es lógico que haya que contratar más gente”, dice Carmen Román.

Hemos perdido mucho trabajo de bajo valor, pero está surgiendo una necesidad de empleo cualificado a la que hay que responder

En algunos sectores el envejecimiento es más acusado, lo que obligará a adoptar soluciones de emergencia en los próximos años. Un reciente informe de FSC-CCOO alerta de la situación especialmente delicada que vive la Seguridad Social, donde en los próximos 10 años se jubilará más del 48% de la plantilla.

Las comunidades autónomas atraviesan también una situación muy delicada, aunque presentan una gran heterogeneidad debido al distinto ritmo al que se fueron transfiriendo las competencias desde el inicio de la democracia. País Vasco, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana lideraron el proceso ya desde el año 1981 con el primer gran pacto territorial, los ‘Acuerdos Autonómicos’. Ese mismo año Cataluña consiguió las competencias de la sanidad, la educación no universitaria y el grueso de los servicios sociales, transferencias que no se completaron a todas las autonomías hasta el año 2001. Según los cálculos de CCOO, en la próxima década se jubilarán casi el 30% de los empleados públicos autonómicos.

Begoña Caparrós, directora de una academia. (Carmen Castellón)
Begoña Caparrós, directora de una academia. (Carmen Castellón)

Euforia opositora (contenida)

Aunque resulta imposible saber con exactitud las plazas que saldrán a concurso en los próximos años, las cuentas salen así: si se suman los 700.000 jubilados de la próxima década, los 300.000 empleos perdidos y los 300.000 interinos que se convertirán en indefinidos, el resultado es que en los próximos años se deberían sacar a oposición más de un millón de plazas. “En los puestos de atención al público hemos pactado una tasa de reposición del cien por cien, en otros colectivos baja al 50 por ciento, pero se compensarán unos con otros y, si todos cumplen, estamos hablando de 500.000 empleos en tres años”, opina Francisco Camarillo, secretario de Acción Sindical de la Ejecutiva nacional del sindicato CSIF.

Una expectativa con la que cuentan ya muchos opositores, sobre todo aquellos que llevan más tiempo preparándose. “Tengo 38 años y he pasado casi una década pensando que probablemente no iba a conseguir nunca una plaza. Ahora, por primera vez, soy optimista”, dice Julia, profesora interina de Historia que aspira a consolidar plaza en algún instituto de Castilla-La Mancha.

El entusiasmo –contenido– se empieza a notar en muchas academias especializadas en oposiciones. “Soy muy escéptica con la situación en la que está la economía española, pero es verdad que hemos pasado años muy duros aquí, que tuvimos que hacer un ERE y trabajar 50 horas a la semana. Y ahora estamos sacando la cabeza por fin. Aparecen convocatorias y vuelven los alumnos. Aunque ahora salimos a por ellos, yo creo que este año podemos recuperar el número de matrículas anterior a la crisis”, dice Begoña Caparrós, directora de Preparadores de Oposiciones, en el centro de Madrid.

Alicia Martín, opositora a tramitación procesal de Justicia. (Carmen Castellón)
Alicia Martín, opositora a tramitación procesal de Justicia. (Carmen Castellón)

Su propia hija, Alicia, licenciada en ADE de 37 años, está preparando unas oposiciones para el cuerpo de Justicia. “Trabajé en empresas privadas hasta que la crisis me dejó fuera porque cerraron la compañía en la que estaba. Ahora salen por fin plazas, aunque es verdad que se presentan miles de personas, así que no creo que vaya a ser tan fácil como lo fue en los 80. Pero no hace falta remontarse tanto. Hace 15 años había algunas oposiciones a las que apenas se presentaba nadie, la gente ni se enteraba de las convocatorias”, dice.

Los propios preparadores han percibido un cambio de tendencia. Por ejemplo Mara Ramos, profesora de Lengua y Literatura, que se ha empezado a topar con el cambio generacional en su propio claustro. “La renovación empezó hace cinco o seis años y se está acelerando a la fuerza, porque a muchos nos quedan pocos años. De los opositores que preparé el año pasado, cinco han conseguido plaza”. Igual que los expertos, ella tampoco cree que sea bueno, ni justo, que se abran todas las convocatorias en un espacio de tiempo reducido. “Les van a poner un tapón a los que vienen detrás. Recuerdo que en el año 84 hubo una convocatoria con 400 plazas de golpe. ¿Sabes cuántas hubo el año después? Solo cinco. Parece que va a volver a pasar y los que ahora están en el instituto lo van a tener muy difícil si se vuelve a reemplazar a todo el personal de golpe”, dice.

Recuerdo que en el año 84 hubo una convocatoria con 400 plazas de golpe. ¿Sabes cuántas hubo el año después? Solo cinco

Algunos preparadores veteranos ponen en duda que las administraciones vayan a renovar en masa las plazas que van quedando vacantes. “Estamos curados de espanto. Una cosa es lo que se dice y otra lo que después ocurre. Lo que yo veo es que hay administraciones locales arruinadas, como Jerez, deseando que se jubilen muchos administrativos para cerrar las plazas. Con la situación económica del país me resulta contranatura pensar que va a haber un ‘boom’ de trabajo público. Creo que crecerá pero que no veremos las convocatorias masivas de antaño. Habrá comunidades, ministerios y ayuntamientos que puedan permitírselo y otros que no”, resume Carlos Valiña, preparador y autor de un método para aprobar oposiciones. “Hay que ser prudente con las expectativas. Por lo que pueda pasar”, concluye.

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
A %d blogueros les gusta esto:
contador de visitas