El sector público vuelve a crecer tras varios años de descensos que se iniciaron con los ajustes de 2012. Navarra es la comunidad que más ha aumentado el número de funcionarios autonómicos en los últimos 10 años, con un incremento del 29,4%. Le siguen Baleares, donde crecen las plantillas un 26,3%, y Aragón con un 14,1%.

Han pasado ya diez años del estallido de la crisis, que dejó a España batallando contra el déficit público y con una deuda superior a su Producto Interior Bruto (PIB). Ello se tradujo en una oleada de recortes que, en el caso del funcionariado, llegó a sus máximos niveles en 2012, cuando el Gobierno reformó la reposición de las plantillas para disminuir el gasto. Entonces se encadenaron cuatro años de reducciones en el cuerpo de las Administraciones, que han terminado a comienzos de 2017, con un escaso incremento de las plantillas del 0,1% con respecto a enero de 2016. Y sin embargo, el número de empleados públicos todavía hoy es superior al que se registraba en 2007.

En enero de este año las plantillas de funcionarios se elevaron hasta los 2,52 millones de empleados, por lo que se cuenta con 11.129 más que en los albores de la crisis. A pesar de que en ese tiempo instituciones como las diputaciones y las empresas públicas han rebajado sus efectivos, el aumento de trabajadores en la Administración autonómica, de 46.783 personas, es una de las razones principales que explica este ascenso. La otra es el incremento en 19.852 empleados de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Administración que más crece porcentualmente desde 2007 con un ascenso del 16,7%.

Así se desprende del último Boletín estadístico sobre el funcionariado elaborado por el Ministerio de Hacienda, en el que se ofrecen datos sobre las Administraciones estatal, autonómica y local además de las universidades. Del informe se extrae igualmente que la región donde más han crecido los trabajadores públicos que se desempeñan en los organismos autonómicos es Navarra, con un incremento más que llamativo del 29,4% desde 2007.

De esta forma, se ha pasado allí de los 19.978 funcionarios iniciales a los 25.860 actuales, una situación que para el presidente del sindicato de funcionarios local Afapna, Juan Carlos Laboreo, podría tener su origen en los años previos a la crisis. Según cuenta, entonces se generó “un gran flujo de plazas en el ámbito público” porque Navarra tenía una tasa de interinidad del 30%” en sus Administraciones.

Muy cerca de Navarra se encuentra Baleares, la segunda de las comunidades donde el incremento en el trabajo público en los últimos diez años se sitúa por encima del 20%. Las islas mediterráneas han engrosado así sus plantillas en 5.910 empleados, lo que supone un ascenso del 26,3% desde antes del comienzo de la crisis.

Ello las ubica lejos de Aragón, la siguiente región con un mayor crecimiento en sus empleados públicos al ascender un 14,1%; y también de Cataluña (13%) y País Vasco (10,9%). Otros territorios destacados son La Rioja (9,9%) y Madrid, donde el aumento en el número de funcionarios es del 4,2%, hasta los 155.004 efectivos. Desde 2007 la Administración autonómica madrileña ha crecido en 6.215 trabajadores, todavía por encima de la evolución media nacional que se sitúa en el 3,74%.

En total, hasta 13 comunidades han sumado funcionarios a sus organismos autonómicos desde 2007, pero también hay algunas que han perdido fuerza laboral en ese mismo periodo. Destaca sobre todo el caso de Andalucía, que se deja casi un 5,5% al disminuir su plantilla en 13.689 empleados y cuenta con 237.471 asalariados públicos. Además, el número de funcionarios desciende en la Comunidad Valenciana (-4%), Castilla y León (-1,3%) y Castilla-La Mancha (-0,1%).

Población ocupada

Por otro lado, tras el último ascenso del funcionariado, la proporción de trabajadores públicos sobre el total de asalariados se sitúa en España en el 13,6%, aunque la cifra oscila de manera notable en función de la comunidad autónoma.

De esta manera, la región que presenta el mayor porcentaje de ellos sobre el total de ocupados es Extremadura, donde casi uno de cada cuatro empleados, el 24,8%, está al servicio de alguna administración.

Es un dato elevado, más de 11 puntos superior a la media nacional, pero para el presidente del sindicato de funcionarios CSI-F de Extremadura, Benito Román, la clave está en la dispersión poblacional, que obliga a la Administración Pública a prestar asistencia básica en las zonas más disgregadas de la región. En total, la autonomía cuenta con 88.886 trabajadores públicos.

Este argumento podría explicar en parte por qué Castilla y León sigue a Extremadura en afluencia de funcionarios, puesto que es una de las regiones con menor densidad de población en España. El porcentaje de trabajadores al servicio de las Administraciones se ubica allí en el 16,6%, unas décimas por encima de Andalucía (16,1%), que ha reducido su personal en los últimos años, y también de Aragón (16%).

En el lado opuesto, las autonomías que registran las menores ratios de empleados públicos son las del este de la Península, con Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana a la cabeza. Especialmente relevante es el caso de Cataluña, la única región en la que el número de funcionarios se sitúa por debajo del 10% de su tejido laboral. La situación no se ha revertido pese a que el número de empleados públicos ha crecido allí un 9,5% en los últimos diez años, hasta los 303.000 trabajadores públicos por más de 3,2 millones de ocupados. Uno de los representantes de UGT en esa comunidad, Carles Díaz, denuncia que los sucesivos gobiernos nunca han apostado por los servicios públicos.

 

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