Las víctimas de violencia de género tendrán preferencia en la convocatoria anual que llevará a cabo la Junta entre sus trabajadores

Tras cuatro meses de negociaciones, la Junta y los representantes de los empleados públicos pactan el decreto que pondrá en marcha de forma regular el teletrabajo. La normativa, tras ser pulida por los servicios jurídicos, debe ser aprobada en Consejo de Gobierno. Estará vigente previsiblemente antes de que acabe este año, aunque la fecha no ha sido confirmada p

or el Gobierno regional. Cuando entre en vigor se abrirá una convocatoria a la que podrán presentarse funcionarios y laborales del sector de administración general (quedan excluidos los del sector educativo y sanitario) para optar a trabajar desde sus domicilios.

El Ejecutivo de Vara sacará una vez al año una convocatoria para que los funcionarios y laborales que quieran se apunten al teletrabajo. Tendrán preferencia las mujeres víctimas de violencia de género. La Administración decidirá las solicitudes aplicando unos baremos.

 

Entre ellos figuran la antigüedad, la distancia al centro de trabajo o el grado de discapacidad del peticionario. Será la Administración la que determine también qué puestos son susceptibles de poder ser vinculados a esta fórmula.

El teletrabajo se empezó a desarrollar dentro de la Administración autonómica con un proyecto piloto en 2013. Lo hizo casi de forma testimonial. Se apuntaron 21 funcionarios, todos de la Consejería de Administración Pública (de la Dirección General de Administración Electrónica), pero finalmente siguieron adelante 18. En años posteriores esas iniciativas han continuado, también con un número reducido de empleados. «Pocos pero con buena experiencia, lo que ha dado pie a consolidar ya la opción del teletrabajo», resume a HOY Miguel Díaz, representante de CSI-F. «Se trata de una posibilidad interesante para trabajadores públicos pero que nadie espere una avalancha de peticiones para esta opción», dice Guillermo Barroso, de CCOO.

En administración general hay 14.500 trabajadores pero se establece que no podrán acogerse al teletrabajo aquellos que tengan encomendadas labores que conlleven atención con el público. Por tanto, quedan fuera los que ocupen puestos en oficinas de registro, atención e información al público, así como todos aquellos cuyas funciones conlleven la prestación de servicios presenciales.

«Sí podrán pedirlo los que se encarguen de hacer informes o gestiones a través del ordenador», puntualiza Díaz. Ni la Junta ni los sindicatos han indicado qué número de empleados públicos podrán beneficiarse del teletrabajo. Tampoco se ha indicado si habrá un tope de solicitudes aprobadas para cada año.

Medios

Otro segundo aspecto a tener en cuenta es que el teletrabajo no implicará que los cinco días laborales de una semana se puedan cumplir con la jornada desde casa. Los que reciban el visto bueno estarán tres días de los cinco en sus domicilios pero los dos restantes deberán desplazarse a sus centros de trabajo oficiales.

Los representantes sindicales se reunieron ayer con Carmen Vicente, directora general de la Función Pública, en un encuentro en el que se cerró el acuerdo general sobre la normativa del teletrabajo. Quedan pendientes aspectos sobre los que la Junta no ha dado su opinión última, pero su respuesta no bloqueará el pacto con los sindicatos.

Uno de ellos tiene que ver con los medios informáticos para desarrollar el trabajo. El Ejecutivo asume que la Junta se encargue de la instalación de los sistemas informáticos para que el empleado pueda realizar su labor habitual desde su domicilio, pero requiere que los ordenadores u otros medios los pongan los trabajadores.

Los sindicatos piensan que debe facilitarlos la Administración general. «No es lógico que un empleado público pueda tener expedientes oficiales en un ordenador personal», remarca Barroso. La Consejera de Administración Pública no se opuso ayer a esta petición. Tampoco la validó. Dijo que la estudiará.

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