Los más de 300.000 interinos tendrán que pelear su plaza en oposiciones libres

 

Las pruebas serán de libre concurrencia, es decir, cualquiera que cumpla requisitos podrá presentarse y sacar mejor nota que los interinos. Unas 250.000 plazas temporales se convertirán en fijas

 

Ningún interino tiene plaza estable asegurada. La macrooferta de empleo público anunciada a bombo y platillo por el Gobierno convertirá unos 250.000 puestos de empleo temporal en fijos, pero eso no significa que las personas que hoy desempeñan esa labor se conviertan en indefinidos automáticamente. Deberán competir con candidatos ‘externos’, es decir, cualquier aspirante que cumpla los requisitos de formación puede llevarse el gato al agua si saca mejor nota. Nada de convocatorias restringidas.

No obstante, las administraciones públicas darán todas las facilidades a los interinos para que eso no pase, pues el Gobierno no tiene ningún interés en expulsar a nadie del sistema. “Esos procesos selectivos son de libre concurrencia, pero se podrá valorar el tiempo de servicios prestados a la Administración”, matizan fuentes de Hacienda.

 

La intención del Gobierno es que el 90% de los empleos temporales pasen a indefinidos, y así lo ha ratificado con la firma de Cristóbal Montoro y los sindicatos de funcionarios CSI-F, Comisiones Obreras y UGT. ¿De cuántos puestos estamos hablando? CCOO estima que hoy existen unos 360.000 interinos en España, si bien Hacienda habla de “casi 300.000” que se concentran en sectores como sanidad (144.111), educación (109.785) y justicia (9.515). Los sindicatos confían en que más de 200.000 personas salgan de esa situación precaria —siempre que superen las pruebas—. Si consiguen hacerse con las 250.000 plazas fijas previstas por Hacienda, la cifra de interinos restantes se reducirá hasta algo más de 100.000.

Los empleos temporales hoy representan el 25% en el sector público. El objetivo es reducirlos hasta el 8% en tres años“Todas las plazas estructurales deben estar ocupadas por empleos estables. La temporalidad debe reservarse para trabajos coyunturales“, señala el sindicato. El secretario general de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Javier Jiménez, confirma que los empleos temporales hoy representan el 25% en el sector público. El ambicioso objetivo del Gobierno es reducirlos al 8% en tres años. Así se avanzará además en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia, que obliga a igualar las indemnizaciones por despido de los trabajadores interinos y fijos.

Montoro posa junto a representantes de CCOO, UGT y CSI-F tras rubricar el acuerdo. (EFE)
Montoro posa junto a representantes de CCOO, UGT y CSI-F tras rubricar el acuerdo. (EFE)

CCOO explica que cada comunidad autónoma o ayuntamiento deberá establecer unos baremos o criterios que, previsiblemente, favorecerán a los interinos. La experiencia siempre puntúa. Eso sí, aquellos que no cumplan con los requisitos formativos deberán ponerse las pilas para completar los estudios antes de presentarse a las pruebas. A esas 250.000 plazas consolidadas se suman otras 67.000 destinadas a la Administración General del Estado (19.000), las CCAA (28.144) y las entidades locales (20.000).

 

“La mayor oferta pública de empleo de la democracia” —en palabras de los sindicatos— va destinada a docentes de enseñanzas no universitarias, personal del sistema sanitario, justicia, servicios sociales, policía local, gestión tributaria o inspectores. Y este anuncio viene acompañado por una subida salarial del 1% para los funcionarios, una mejora “insuficiente” en opinión del presidente de CSI-F, Miguel Borra. Las administraciones públicas podrán empezar a sacar ofertas a mediados de este año, después de incluir las consolidaciones en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Relevo del 100% de los jubilados

El acuerdo para la mejora del empleo público incluye una tasa de reposición del 100% en sectores prioritarios, es decir, docentes, sanitarios, fuerzas armadas, seguridad, salvamento marítimo, lucha contra la contaminación marítima, inspección antifraude, prevención y extinción de incendios, profesores universitarios, etc.

Como novedad, el Gobierno incorpora nuevos sectores prioritarios como los servicios de tramitación del DNIcon listas de espera interminables—, servicios públicos de empleo, Seguridad Social, transporte público, emergencias o tráfico.

 

FUENTE :ELCONFIDENCIAL.

 

 

El pacto para la oferta de empleo público incluye 130.000 plazas para sanidad y 100.000 para educación

Este miércoles tendrá lugar la firma del pacto para la oferta de empleo público (OEP) entre Gobierno y sindicatos. La convocatoria de oposiciones para 250.000 nuevas plazas en los próximos tres años y el incremento salarial del 1% para los empleados, a partir de este año, son los grandes baluartes del acuerdo.

El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, será el encargado de sellar el convenio con las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CSIF, que se incluirá dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Así, se espera reducir la interinidad pública del 25% actual al 8%. Aunque los sindicatos piden al Gobierno que eleve la oferta hasta las 360.000 nuevas plazas.

Saldrán a concurso las plazas que lleven más de tres años ocupadas por interinos

Con la firma se amplia la tasa de reposición del 100% a más sectores prioritarios y traslada a las comunidades y ayuntamientos la capacidad de convocar y gestionar sus propias ofertas de empleo. De modo que todas las plazas que lleven más de tres años ocupadas por empleados temporales, saldrán a concurso.

“Se sacarán las plazas a concurso y cada administración podrá valorar la experiencia y antigüedad del personal que ocupa cada plaza, si bien deberán superar la oposición”, explicaron desde CSIF tras la reunión de la semana pasada, añadiendo que “el objetivo es que el máximo número de interinos consolide su plaza”.

130.000 plazas para sanidad; 10.000 para justicia y 100.000 para educación

En detalle, el plan estabilizará a personal temporal: interinos, eventuales, estatutarios y personal del sector público empresarial, entre ellos 130.000 trabajadores de la sanidad pública; 10.000 empleados de justicia y más de 100.000 docentes. A estas cifras se sumarán otros colectivos como servicios sociales, policía local, inspección y recaudación, cuyo montante se cuantificará en cada ámbito.

Las Ley de Presupuestos Generales del Estado habilitará estas convocatorias, excepto las destinadas a los docentes no universitarios, para las que el Gobierno, mediante real decreto, permite a las comunidades autónomas convocar una oferta específica antes de la posible aprobación de los Presupuestos.

Nuevos sectores prioritarios

En paralelo, el plan también incluye una Oferta de Empleo Pública que permitirá reponer todas las bajas que se produzcan en la mayoría de los ámbitos y sectores.

Como nuevos sectores prioritarios se incluyen colectivos como los servicios de atención más próximos a la ciudadanía, en el caso de la Administración General del Estado, incluye a colectivos como los de tramitación del DNI, Servicios Públicos de Empleo, Tráfico, Fogasa y Seguridad Social, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias. De este modo se suman a los ya denominados así en los Presupuestos de 2016.

Rechazo a la subida salarial del 1%

Las fuerzas sindicales subrayan como “histórica” la oferta, como UGT, que apunta que el acuerdo reducirá la precariedad de las administraciones en más del 90%. Además, desde la organización señalan que afectará a 350.000 trabajadores públicos, ya que a los 250.000 plazas para convertir a los interinos en fijos, suman otras 100.000 por los empleados que se jubilarán en estos tres años.

Sin embargo, en cuanto a la subida salarial del 1% para los empleados públicos se ha producido el rechazo sindical. Ya que estas organizaciones critican que se haya establecido sin “margen de negociación”. Además, apuntan que el aumento debería ser, como mínimo, superior al IPC de 2017.

 

FUENTE:http://www.lavanguardia.com

Hacienda cierra el miércoles con sindicatos y las comunidades la oferta de empleo público

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha convocado para el miércoles la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que cerrará con sindicatos, comunidades autónomas y la FEMP las cifras de la convocatoria de oferta de empleo público (OEP) para 2017 y el incremento de salario de los empleados públicos para este ejercicio, según informaron a Europa Press fuentes del departamento de Cristóbal Montoro.

En esta convocatoria oficial de la Mesa General se terminarán de fijar las cifras definitivas, a incluir en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 que el Consejo de Ministros presentará y aprobará el viernes, tanto de la OEP de este año, que será como mínimo de 250.000 plazas para los próximos tres ejercicio.

Con ello, se reducirá la temporalidad del 25% actual al 8%; como del aumento salarial de los empleados públicos, que previsiblemente será al menos del 1%.

Cifras consensuadas

Estas fueron las últimas cifras consensuadas entre Gobierno y sindicatos en la reunión celebrada el pasado miércoles en el marco de las negociaciones previas a la convocatoria de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que los sindicatos venían reclamando desde hace meses.

En la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas están representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y su convocatoria es obligatoria antes de la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado.

Fuentes de CSIF destacaron que en la última reunión de las organizaciones sindicales con el Ministerio de Hacienda se avanzó en la negociación, ya que los sindicatos habrían conseguido que el Gobierno considere como puestos esenciales un mayor número de ámbitos de la Administración General del Estado (AGE) de los que contemplaba en un principio.

Aumento de salario

En concreto, Función Pública estaría dispuesto a aceptar que, junto a Sanidad, Justicia y Educación, los ámbitos en los que ya se había llegado un acuerdo de reposición de más del 100% de los trabajadores jubilados, también se extrapole a los referidos a los servicios de atención directa al público, de forma que se añadirían ámbitos como el de las oficinas de DNI, la Seguridad Social, los servicios de empleo o la Dirección General de Tráfico (DGT).

Peticiones de los sindicatos

Por su parte, fuentes de UGT explicaron que la reunión no fue concluyente, aunque destacaron que en materia de empleo se produjo un posicionamiento “más cercano”.

Tanto UGT como CC.OO. piden a Montoro la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y un aumento del salario de los empleados públicos de carácter básico que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.

Asimismo, también pedían junto a CSIF, el sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE), la eliminación de la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011.

Negociación encallada en el tema salarial

En materia salarial, las mismas fuentes señalaron que la negociación está “encallada”, ya que los sindicatos consideran que el aumento de la retribución de los empleados públicos no debería ser inferior al alza del Índice de Precios de Consumo (IPC), que el Ejecutivo prevé que crezca en torno a un 1,2% este ejercicio, para que no sigan acumulando pérdida de poder adquisitivo, máxime ante el IPC del 3% del arranque de año.

Los sindicatos reclaman al Gobierno la recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos perdido durante los años de crisis, tras la bajada del 5% aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 y la congelación de los mismos al año siguiente, en 2011, y durante toda la legislatura de Mariano Rajoy.

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel caballero, mantuvo a finales de febrero una reunión con la secretaria de Estado de Función Público, Elena Collado, a la que pidió que en 2017 la tasa de reposición de los empleados públicos locales se fije en el 100%, como mecanismo para recuperar los puestos de trabajo perdidos por las limitaciones planteadas desde 2012 por la normativa de equilibrio presupuestario y sostenibilidad financiera.

Según la FEMP, la norma ha afectado especialmente a la Administración local, que desde 2012 hasta 2016 ha perdido casi 100.000 empleos, que representan una reducción del 15% de disminución de sus recursos humanos. En la Administración General de Estado (AGE) y en las comunidades autónomas los porcentajes de reducción han sido del 11,5% y del 3,7%, respectivamente, según sus cálculos.

El trámite de los Presupuestos

De esta forma, Hacienda comunicará el miércoles la cifra definitiva de la OEP y del aumento de los salarios de los empleados públicos para este año, previo a la aprobación de los Presupuestos el viernes 31 de marzo.

Tras la aprobación por parte del Gobierno de las cuentas públicas, estas entrarán en el Parlamento los días 3 ó 4 de abril y se prevé que la votación de las enmiendas a la totalidad se produzca en la primera semana de mayo.

Si se supera ésta esta votación de petición de devolución de las cuentas públicas al Gobierno, el proyecto de Ley pasará a la Comisión de Presupuestos, donde se producirán las comparecencias de los secretarios de Estado de cada ministerio y concluirá con un dictamen tras debatir las enmiendas.

La votación del Presupuesto por secciones, una vez incorporadas las enmiendas en el Pleno del Parlamento podría producirse la última semana de mayo. Si el Gobierno logra que sus cuentas superen esa votación, las cuentas pasarán al Senado donde el PP tiene mayoría absoluta.

Tras este trámite, el Ejecutivo espera que el Congreso de la aprobación definitiva la tercera semana de junio y las cuentas de 2017 vean la luz con la que sería la mayor oferta de empleo público convocada desde el inicio de la crisis.

¿Hará mi comunidad autónoma oposiciones a profesor este año?

FUENTE:http://www.elmundo.es

Sólo seis autonomías van a sacar plazas públicas este año, pese a que el Gobierno les da cobertura jurídica para hacerlo sin Presupuestos del Estado

Las 11 regiones restantes han decidido postergar las pruebas porque “ya no da tiempo”

El Gobierno ha encontrado la fórmula para desbloquear el impasse en el que se encontraban este año cientos de miles de aspirantes a docentes. El próximo día 31, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que permitirá a las comunidades autónomas convocar oposiciones en la enseñanza no universitaria sin tener que esperar a que las Cortes aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Esta cobertura jurídica sólo será aprovechada por seis regiones –Cataluña, el País Vasco, Andalucía, Baleares, Galicia y la Comunidad de Madrid-, que ayer expresaron su intención de celebrar pruebas este año para cubrir, en su conjunto, cerca de 8.000 plazas de docentes.

El resto de las autonomías ha decidido postergar los exámenes para 2018 o 2019, según la información recabada ayer por EL MUNDO en las 17 consejerías de Educación. Los motivos son distintos, aunque una mayoría coincide en que, a estas alturas, «ya no da tiempo» a poner en marcha todo el proceso burocrático que permitiría realizar las pruebas en junio para que las nuevas plantillas pudieran estar listas para el comienzo del nuevo curso.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, llevaba varios meses buscando una solución al quebradero de cabeza de las oposiciones. Hasta ahora, los ejecutivos autonómicos no podían convocarlas porque dependían de la tasa de reposición anual de bajas de funcionarios, que cada año se determina en los Presupuestos del Estado. Si no hay Presupuestos no hay oposiciones, vino a ser el mensaje de Educación a los consejeros del ramo durante la reunión que mantuvieron hace cerca de un mes.

Aun así, algunas comunidades expresaron su intención de convocarlas, pero eso, en la práctica, podía suponer que fueran invalidadas como cuando, en abril de 2012, la Junta de Andalucía tuvo que suspender las oposiciones previstas para junio después de que el Ministerio de Hacienda las llevara hasta el Tribunal Constitucional al entender que incumplían restricciones presupuestarias.

Informe de la Abogacía del Estado

Para evitar situaciones como ésta, el Gobierno pidió ayuda a la Abogacía del Estado, que ha emitido un informe jurídico que avala la solución de que sea un real decreto redactado por el Ministerio de Hacienda de Cristóbal Montoro el que, de forma extraordinaria, permita que las autonomías no tengan que esperar hasta los Presupuestos para sacar su oferta de empleo público de profesores (otros colectivos, como los sanitarios, tendrán que esperar). La tasa de reposición de docentes será, «como mínimo, del 100%», explican fuentes del Ministerio de Educación, lo que significa que por cada profesor que se jubile o deje la enseñanza habrá otro que lo sustituya. De esta forma, añaden, se irá reduciendo la elevada tasa de interinidad, que ahora ronda el 20%. El objetivo del Gobierno es dejarla en un 8% en tres años, tal y como insistió Méndez de Vigo ayer en una entrevista en TVE.

Mario Gutiérrez, presidente nacional de Educación del sindicato CSIF, celebró la solución in extremis del Gobierno -calcula que permitirá sacar 150.000 plazas en los próximos tres años-, aunque consideró que «llega tarde» porque «algunas comunidades habrían convocado oposiciones si el decreto se hubiera planteado en enero».

Las que no convocan

Es lo que ocurre, por ejemplo, en Asturias, que iba a convocar pero tenía que hacerlo antes del día 15 para que les «diera tiempo». En Canarias, la intención también era sacar plazas este año, pero finalmente no lo harán porque «el decreto no está redactado». «Nosotros convocamos oposiciones para Secundaria, pero el Ministerio nos obligó a paralizarlas, y ahora no tenemos tiempo material y no podemos. Que dejen de jugar con los opositores», dicen en el Gobierno de Aragón, en la línea de lo expresado en otras regiones. «Los plazos están muy agotados, es una locura convocar», apuntan en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha. «Hace un mes decidimos no convocar en vista de las escasas garantías que se nos ofrecían», explican en el departamento educativo de Extremadura. «Ya no llegamos, este año no se celebran», dicen en Navarra, que, como Cantabria y otras cuantas autonomías, dejará la celebración de las pruebas para el año que viene.

Otras regiones dan motivos distintos: en la Comunidad Valenciana y La Rioja han querido postergarlas «para dar tiempo a los aspirantes para prepararse bien»; Murcia no convoca porque así lo ha acordado con los sindicatos, y Castilla y León acumula para 2018 las plazas previstas porque «las oposiciones dependen de la oferta de empleo pública de toda la comunidad y aún no se han aprobado los presupuestos autonómicos».

Las que sí convocan

Entonces, ¿dónde habrá oposiciones este año? En las consejerías de Andalucía (se convocarán 2.144 plazas), Baleares (257), País Vasco (740) y Cataluña (unas 2.000) habrá exámenes porque ya estaban organizados y preparados antes de que el Gobierno anunciara el decreto, aunque varias de estas autonomías no ocultan su malestar porque «decirlo tan tarde» les obliga a sacar «muy pocas plazas» y en especialidades con poca demanda. Las fuentes consultadas en el Departamento de Enseñanza de Cataluña indican que «la previsión es convocar lo antes posible», pero temen «no llegar para este curso» y no descartan que las pruebas se realicen durante el siguiente.

En la Xunta de Galicia apuntan que «a lo largo de los últimos meses la Consellería lo ha preparado para tenerlo todo listo una vez se desbloqueara la situación» y celebran el decreto del Gobierno porque «da seguridad a los opositores ante un proceso selectivo». En la Comunidad de Madrid se inclinan por convocar en 2017 en torno a 1.400 plazas, pero quieren «ver lo que dice el real decreto» y formalizar su oferta pública con los sindicatos.

El asunto, en cualquier caso, dará que hablar la semana que viene en el monográfico educativo de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que se celebra el lunes, y en la Conferencia Sectorial de Educación, que tendrá lugar el jueves.

El Gobierno aprobará un decreto ley para que haya oposiciones de docentes

El Gobierno aprobará un decreto ley para que haya oposiciones de docentes

Méndez de Vigo ha confirmado que ese mismo día se aprobará el proyecto de ley de Presupuestos del Estado de 2017 para remitirlo a las Cortes.

El Gobierno aprobará el próximo día 31 un real decreto ley para que las comunidades autónomas puedan convocar este año oposiciones de profesorado no universitario sin tener que esperar a que las Cortes aprueben la ley de Presupuestos del Estado de 2017.

Lo ha anunciado hoy el ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en TVE, donde ha confirmado que ese mismo día se aprobará el proyecto de ley de Presupuestos para remitirlo al Congreso de los Diputados.

Las comunidades no podían convocar esas oposiciones porque dependen de la tasa de reposición anual de bajas de funcionarios, que fijan los Presupuestos del Estado de cada ejercicio.

La mayoría había renunciado a sacar las plazas por falta de tiempo, ya las pruebas deberían celebrarse antes del verano para que los docentes pudieran incorporarse en el curso próximo.

El decreto ley citado, solo para la comunidad educativa, tendrá que ser convalidado posteriormente por el Congreso. «Cuando la crisis se tuvo que disminuir esa tasa de reposición, con lo que no se cubrían todas las jubilaciones», ha explicado Méndez de Vigo, que ha calculado la tasa de interinos docentes en un 20 por ciento.

«El objetivo es acabar con esa situación para bajarla en tres años al 8 por ciento», ha comentado como señal de la «voluntad» de alcanzar un acuerdo social y político de Estado por la Educación y de colocar a los maestros en el centro del pacto como máximos responsables de llevar a cabo la mejora de la enseñanza.

Sobre las becas generales ha indicado que esta semana se ha terminado de pagar la parte variable, antes que el año pasado. Ha admitido que el abono no es sencillo, dado que tiene una parte fija y otra variable, aunque ha reiterado que se hacen «todos los esfuerzos» para agilizar la gestión, la resolución de los expedientes y el pago.

Preguntado por la huelga en la educación pública del pasado día 9 ha insistido en que fue un «pinchazo», pues «no tenía sentido» y así «lo entendió» la mayoría de maestros y familias.

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